La Hispalense, que dice acatar la sentencia, tiene que presentar en menos de un mes el calendario de ejecución de la sentencia
Día 07/06/2012 - 08.21h
jesús spínola
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La Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó ayer un auto en el que
declara la responsabilidad de Junta, Ayuntamiento y Universidad de Sevilla en
la construcción de la biblioteca del Prado a pesar de no acogerse a la
normativa y obliga a ésta última a la demolición total del edificio, incluido
el aparcamiento, así como a la restitución de esa parcela a su situación
anterior, es decir a replantar árboles y plantaciones existentes, dando la razón
a los vecinos de Diego de Riaño y Huerta de la Salud. Aunque cabe
recurso, la Hispalense dijo ayer que acatará la sentencia y que actuará y
procederá de acuerdo con el Ayuntamiento, al que el auto obliga a realizar los
trámites para revertir la situación, incluida la anulación de licencia de obras
y de la concesión del terreno a la universidad. A partir de ahora, la
Universidad, dice el auto, tiene de plazo un mes para presentar un cronograma
de las actuaciones a realizar y determinar qué autoridad o funcionario se hace
responsable de que se cumple la sentencia.
El auto es un nuevo varapalo para la Hispalense. Rechaza el recurso que
presentó ante la sala tras pedir los vecinos la ejecución de una sentencia
dictada por el TSJA en 2009 y 2010 y ratificada por el Supremo en 2011 y
que ya establecía la demolición del edificio; la Hispalense reclamaba que se
conservase lo construido o, al menos, el aparcamiento, pero el auto insiste en
que la construcción de ese edificio está fuera del ordenamiento jurídico, como
han mantenido los vecinos representados legalmente por el bufete Prado. Es más,
el TSJA señala que la demolición de lo «ilegalmente construido» es
«indispensable para restaurar el orden jurídico perturbado por la actuación
ilegal y ello conlleva la demolición en su totalidad, tanto en lo construido
sobre rasante (...) como de lo construído en el subsuelo, pues ambas
edificaciones pertenecen a la misma actividad urbanística declarada nula».
«El interés público exige la ejecución de la sentencia» tal y como, resalta,
establece la Constitución, añadiendo que la «administración debe servir con
objetividad a los intereses generales» y recordando que, como ya señaló el Tribunal
Constitucional, la tutela judicial efectiva exige que «el fallo judicial se
cumpla» porque lo contrario sería «convertir las decisiones judiciales y el
reconocimiento de los derechos que ella comportan en favor de alguna de la
partes», destacando que la ejecución de sentencias es de esencial importancia
«para dar efectividad a la cláusula de Estado social y democrático de
Derecho».
El auto obliga a la Universidad a demoler lo construido y a la «completa
reposición» de mobiliario urbano y arbolado «a su costa», recordando cómo
en el acuerdo suscrito con Urbanismo renunció a la exigencia de responsabilidad
patrimonial a la Gerencia municipal y no hay responsabilidad exigible a la
Junta.
Las reacciones a la sentencia fueron dispares. La Universidad dijo que la
acatará y el Ayuntamiento, además, precisó que agilizará los trámites que se le
piden para anular los actos considerados no conformes a derecho. El Grupo
municipal Socialista emitió ayer un comunicado, no suscrito por ningún
concejal, en el que lamenta el fallo del TSJA sobre la biblioteca del Prado y
que no se hubiese alcanzado un acuerdo que hubiera salvado los recursos
públicos invertidos. Según el auto ese acuerdo no hubiera cambiado nada dado el
deber de jueces y tribunales «de hacer ejecutar lo juzgado» en base al interés
público que marca la Constitución.
Responsables
adriano
El rector dijo que los vecinos tendrían que responder con sus haciendas al
coste de la paralización de la Biblioteca del Prado. Hoy debe aplicarse el
cuento y disponerse a reintegrar de su bolsillo —y del de los políticos
cómplices— los fondos públicos despilfarrados en este desastre. Y mientras
alguien se decide a dimitir en su defecto, algunos de los alumnos y profesores
de la Hispalense, cuyo prestigio socavan por semanas, tienen materia para
analizar por qué ésta afronta con peores perspectiva que otras universidades
los recortes. Y así, de paso, podrían abandonar la demagogia perrofláutica con
la que olvidan los muchos y graves problemas internos que ya tenía y tiene esta
institución donde nadie asume responsabilidades.